Opinión


COLOMBIA: DIFÍCIL CAMINO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ




OTAVALOS:
Conocidos como la aristocracia aborigen de América, viven en la provincia de Imbabura, en los siguientes cantones: Cantón Otavalo, parroquias rurales:



ABARROTES MARÍA SALCEDO
Próspero negocio del sur de Quito cuyo nombre se debe a su propietaria María Patricia Salcedo Quinapanta,


Cascadas del Milagro y rostros misteriosos:
La visión emprendedora y la magia de la naturaleza dieron lugar a un verdadero milagro como el nombre de las hermosas cascadas que se han...

 

Después de un largo proceso de negociación de más de cuatro años, el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC, suscribieron un Acuerdo para poner fin al conflicto armado; dicho Acuerdo, según lo concertado por las partes, debía ser refrendado por el pueblo colombiano a través de un Referéndum, mismo que efectuado, determinó que por un estrecho margen, los colombianos se pronunciaron desaprobando el Acuerdo, lo que en la práctica significaba volver las cosas a cero. El Partido CENTRO DEMOCRÁTICO del Ex – Presidente Álvaro Uribe que había liderado la propuesta por el NO en el Referéndum, se proclamó como el gran vencedor. Sin embargo, la movilización de organizaciones sociales a favor de la Paz, el respaldo internacional y el espaldarazo del Comité Noruego del Premio Nobel, que a los pocos días del fallido Referéndum otorgó el Premio Nobel de la Paz al Presidente Santos, determinaron que el Gobierno Colombiano, con un cambio de Ruta persistiera en el Acuerdo; para ello, se promovió un debate con diversos sectores para recoger opiniones sobre las objeciones a algunos puntos del Acuerdo de Paz, con lo cual se sentaron con las FARC a renegociar esos puntos, llegando a la firma de un nuevo Acuerdo, que no obstante sigue teniendo detractores. En una cuestionada decisión, Gobierno y FARC, decidieron no arriesgarse a un nuevo fracaso vía Referéndum, por lo que optaron por una Refrendación del Acuerdo vía Congreso Nacional y se busca también el aval del Alto Tribunal de Justicia, para que se pronuncie sobre la legitimidad del procedimiento. En fin, en medio de los cuestionamientos que subsisten, las dos partes involucradas se aprestan para iniciar un nuevo proceso que sin duda llevará mucho tiempo, que encontrará graves dificultades, que podrá estar en riesgo de fracasar, donde habrán mutuas acusaciones de incumplimiento y que quizá no logre finalmente los objetivos previstos en el Acuerdo.

Para el Ecuador como Estado y para los ecuatorianos como ciudadanos, así como tuvo importante incidencia el conflicto armado, interesa y genera expectativas la implementación del Acuerdo de Paz, porque aún si su implementación fuera un éxito, una presumible aceleración del desarrollo económico social en una Colombia post conflicto, tendrá repercusiones en la economía ecuatoriana, favorables y desfavorables, y nos exigirá ser más competitivos para no terminar absorbidos por una economía más desarrollada. Más, son considerables los riesgos de un fracaso total o relativo del Acuerdo de Paz en su implementación, que podría significar desde la posibilidad de que parte de los miembros de las FARC retomen la lucha armada, o se incorporen al paramilitarismo, caigan en la delincuencia común con prácticas peligrosas como el narcotráfico, el secuestro y extorsión, el sicariato o conformen bandas armadas para delinquir. Para que aquello no ocurra, el Estado Colombiano está obligado a respetar y cumplir fielmente lo pactado, particularmente garantizar la seguridad personal de los desmovilizados, asegurar su reinserción en la vida económico social, permitir su participación política en la vía democrática, aplicar equitativamente la llamada justicia transicional, reparar los daños a las víctimas del conflicto y efectuar las reformas económico sociales necesarias para una mayor justicia social y redención de los campesinos. Otro grave riesgo consiste en que el narcotráfico, una vez desmovilizada la guerrilla busque otros aliados para mantener en auge su negocio, lo que podría llevar a que se agudice su infiltración en la Fuerza Militar, Policial, sectores económicos y la política y conviertan a Colombia en un narco estado, de lo cual hay ejemplos visibles. Además, el Estado Colombiano tiene la obligación de combatir y eliminar el paramilitarismo que mediante pseudo acuerdos logró impunidad y se mantiene vivo con nociva injerencia en la sociedad colombiana.
Por su parte, las FARC tienen también la obligación de cumplir de buena fe con el Acuerdo firmado, desmovilizándose íntegramente, entregando todo su armamento, colaborando en las labores de desminado y reparación de las víctimas, entregando propiedades a sus legítimos dueños, sometiéndose a la justicia transicional, reincorporándose a una vida lícita.
Para que los afanes del Gobierno Colombiano en la búsqueda de la Paz arriben a buen puerto, es necesario hacer esfuerzos y dar los pasos necesarios para instalar el proceso de negociaciones con el ELN, que con la metodología ya aprendida en el proceso anterior y con un formato de Acuerdo ya rubricado, podría llevar menos tiempo que el anterior, para lograr desactivar a un Grupo Guerrillero que si bien es menos numeroso que las FARC, ha sido particularmente activo en los ataques a infraestructura e instalaciones y en la práctica del secuestro y extorsión.
Que la experiencia del largo conflicto armado en Colombia, con sus enormes secuelas de daños y víctimas, sirva de lección a las élites que gobiernan nuestros países, para asumir una mayor sensibilidad social y compromiso con los desposeídos y marginados del sistema imperante, que en el caso de América Latina, ha sido señalado como el modelo más inequitativo del mundo. La Paz y el Progreso no pueden edificarse sobre la miseria y marginación de las grandes mayorías. Hay que encontrar formas para redistribuir la riqueza, para garantizar una vida digna a nuestros pueblos, porque de no hacerlo, tarde o temprano y en cualquier lugar estallarán nuevos conflictos.

Dr. Hugo Ibarra P.



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